La seguridad social, hasta hoy en día, es un derecho que se encuentra garantizado por las empresas, si bien no tendría que estar solo vinculada a las relaciones entre patrón y trabajador; lo más común es que la encontremos en este contexto.
Por lo cual las prestaciones que de ella emanan, tanto en dinero como en especie, se vuelven de suma importancia, ya que el impacto que tienen sobre los trabajadores es transcendental y por tanto el involucramiento del patrón es indispensable.
Incluso, de conformidad al artículo 12 fracción I de la Ley del Seguro Social, son sujetos de aseguramiento obligatorio las personas que sostengan una relación laboral que reúna los requisitos previstos por el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo (servicio personal, subordinado y a cambio de un salario), lo cual, desde nuestra perspectiva atenta el propósito de proteger a la población mexicana, garantizándole un nivel mínimo de bienestar sin distinción de su condición económica, social, o laboral, de forma tal que no dependan únicamente de su situación ventajosa o desventajosa de inserción en el mercado laboral.
Para llegar a hablar de la seguridad social como un derecho fundamental, de forma primaria debe existir un derecho humano. De ello obtenemos que es un derecho que debería ser garantizado por el Estado a toda persona que está dentro de su territorio, otorgando el acceso y defensa a una prerrogativa al estar citada en su norma constitucional.
Es así que para lograr la eficacia de este derecho, los Estados deben generar sistemas que garanticen ingresos básicos ante contingencias como desempleo, enfermedades generales, accidentes de trabajo, vejez, maternidad y muerte; así como la certeza de contar con servicios de asistencia médica integral que sumados contribuyan a garantizar en todo individuo una seguridad integral que cubra la imposibilidad de generar ingresos ante riesgos inevitables.
Con independencia de esto último, en una era de cambios, ante una sociedad que se preocupa por ser socialmente responsable, es vital conocer y cumplir de manera correcta con las obligaciones que se desprenden de las relaciones de trabajo, que son las que hoy garantizan la seguridad social.
Sin embargo, se tiene que procurar ir más allá del cumplimiento de las leyes, pensando en prevenir y cuidar la seguridad de los trabajadores a través de la creación de protocolos, políticas y capacitando constantemente a los trabajadores para que puedan tener las herramientas adecuadas para una mejor convivencia laboral, una mejor calidad de vida y una mejor productividad.
Con el convenio que firmaron la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para fortalecer el acceso a la justicia y la seguridad social de los trabajadores o sus beneficiarios, cuyo objetivo es ayudar a los patrones a cumplir sus obligaciones previstas en las leyes en materia laboral y de seguridad social, las autoridades, en últimas fechas han exhortados a los patrones a acercarse a dichas Instituciones para apoyarlos en regular su situación.
Para apoyar a los patrones, la STPS ofrece el Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en donde se deberán registrar por cada centro de trabajo. Cabe señalar, que es un compromiso voluntario para cumplir con las disposiciones legales con el fin de obtener el reconocimiento de “Empresa Segura”.
Asimismo, el IMSS a través de sus medios de corrección permite a los patrones regularizar su situación fiscal con la finalidad de verificar el cumplimiento de sus obligaciones, como son las correcciones patronales o el dictamen, no olvidando que dichos medios tienen grandes beneficios:
• La empresa no será sujeta a visita domiciliaria por el ejercicio dictaminado.
• No se emitirán por parte del IMSS cédulas de liquidación por diferencias, siempre que se cumpla con las condiciones de la misma ley.
Adicionalmente, esto le permitirá al patrón conocer su situación ante la Ley del Seguro Social y podrá corregir las irregularidades para evitar actos de fiscalización a futuro por parte de la autoridad que pueden desprender pago de diferencias y otro tipo de sanciones como multas o capitales constitutivos.
Ahora bien, si hablamos de seguridad social, como sociedad también debemos atender, sobre todo lo referente a pensiones, pues entre el régimen 1973 y 1997 distan mucho los montos que los asegurados van a recibir. Este cambio vuelve indispensable profundizar en una cultura de ahorro para evitar llegar a la vida adulta esperando que la pensión sea el elemento básico de sustento.
En conclusión, corresponde a todos participar en mejorar las condiciones de vida futuras, por su parte, los patrones deberán realizar las aportaciones que les corresponden conforme con el salario que perciben los trabajadores; los trabajadores deberán exigir sus derechos a través de procedimientos de naturaleza admnistrativa o de demanda ante Tribunales; el Estado deberá analizar la forma adecuada de hacer sostenible la seguridad social, pero sobre todo, se deberá de visualizar a la seguridad social como un derecho humano que debe ser garantizado de forma universal y no por la relación laboral.
Así que, al ser todos responsables del tipo de sociedad que queremos tener en el futuro, si se continúa como hasta hoy, solo podemos esperar a ser un pueblo de viejos pobres.
